La Estrategia Nacional de Ciberseguridad, establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, sienta los principios rectores y desarrolla los objetivos centrales que permitirán fijar las previsiones nacionales en materia de protección del ciberespacio. Tiene como finalidad brindar un contexto seguro para su aprovechamiento por parte de las personas y organizaciones públicas y privadas, desarrollando, de forma coherente y estructurada, acciones de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a las ciberamenazas, juntamente con el desarrollo de un marco normativo e institucional acorde.
A partir del desarrollo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, elaborada por el Comité Nacional de Ciberseguridad creado por el Decreto N° 577 del 28 de julio de 2017, modificado por el Decreto N° 480/2019, es necesario continuar desplegando acciones para el uso seguro del ciberespacio, impulsando una visión integradora cuya aplicación ayude a garantizar la seguridad y el progreso de nuestra Nación.
Estas acciones se llevarán a cabo sobre la base de la coordinación y cooperación entre la Administración Pública Nacional, otros poderes nacionales, las administraciones y poderes de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipales, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y las entidades académicas.
La irrupción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), junto a su continua evolución, ha significado un cambio de paradigma y punto de inflexión en la historia. Muchos de los aspectos de nuestra vida cotidiana se encuentran atravesados por este fenómeno, en tanto las personas encuentran en la tecnología un nuevo mundo interconectado donde desarrollar los aspectos más básicos; circunstancia que se ha visto magnificada luego de la pandemia del COVID, a raíz de lo cual, el teletrabajo y la educación a distancia se convirtieron en parte de la cotidianeidad.
Asimismo, las organizaciones se han redefinido en torno a estos avances, con independencia de su tamaño, el sector al que pertenecen, su ubicación geográfica o su objeto. Estas tecnologías han impactado notablemente en las estructuras económicas y en las relaciones humanas, erigiéndose como un medio imprescindible para el desarrollo.
La realidad exhibe que servicios esenciales para la vida de las personas y para la economía, como la energía, el agua, el transporte, las comunicaciones, la educación, la salud, el comercio y los servicios financieros, entre otros, tienen en la actualidad una fuerte dependencia de las redes informáticas.
Adicionalmente, la vigencia de las tecnologías de procesamiento masivo de datos (big data), las tecnologías de la operación, la computación en la nube (cloud computing), Internet de las cosas (Internet of things IoT), el desarrollo de 5G y los avances en la inteligencia artificial, tanto así como la utilización de redes sociales y plataformas para la comunicación interpersonal, hacen determinante que los Estados incorporen la problemática de la ciberseguridad a la agenda gubernamental.
Es necesario trabajar para que los beneficios de estas innovaciones se distribuyan con justicia, equidad y con pleno respeto de los derechos humanos. Sin embargo, este horizonte también nos muestra amenazas y potenciales daños a los derechos de las personas y las organizaciones.
La Resolución N° A/RES/66/290 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) establece que la seguridad humana “exige respuestas centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención que refuercen la protección y el empoderamiento de todas las personas y todas las comunidades”. En este sentido, la ciberseguridad es un concepto amplio que va más allá de la seguridad informática, por lo cual debe centrar sus esfuerzos en prevenir actos disvaliosos que afecten los derechos de las personas, entre ellos su libertad, integridad física, privacidad, integridad y disponibilidad de sus datos, y propiedad privada.
La ciberseguridad es abordada en la presente Estrategia como el conjunto de políticas y acciones orientadas a elevar los niveles de seguridad de las infraestructuras de las TIC, que podrían, según el caso, ser potencialmente vulnerables ante amenazas y/o incidentes. De este modo, se tiene como objetivo prevenir acciones que afecten la administración del Estado, las organizaciones, los servicios esenciales y, en consecuencia, a las personas.
Las acciones en el ciberespacio inciden también en la actividad de las administraciones gubernamentales: permiten transparentar, comunicar sus acciones y aperturar datos y gestiones de gobierno. Esto hace que sean también sensibles a incidentes informáticos que pueden afectar su normal desenvolvimiento.
El ciberespacio exhibe dificultades relacionadas con la atribución de responsabilidad, las vulnerabilidades de las infraestructuras críticas de información, las grandes asimetrías que se manifiestan entre los países a partir de la globalización y las cuestiones vinculadas con el ejercicio de la soberanía, entre otras. En ese sentido, el ciberespacio representa un dominio soportado por infraestructuras físicas y sistemas de comunicación sobre el cual resulta desafiante, pero no por ello menos necesario, el ejercicio de la soberanía.
En el ámbito de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se encuentra trabajando para lograr y profundizar consensos sobre lo que constituye el comportamiento responsable del Estado en el ciberespacio, con el objetivo común de mantener su carácter abierto, libre, estable, seguro y pacífico. La República Argentina promoverá en todos los foros en los que participe, el uso pacífico del ciberespacio y apoyará toda iniciativa que tenga por fin la instauración de valores como la Justicia, el respeto al Derecho Internacional, el equilibrio y la reducción de la brecha digital entre las naciones, impulsando el diálogo y la cooperación. El ciberespacio debe constituirse en un dominio en el que impere la paz, impidiendo el desarrollo de posibles conflictos armados, o aquellos que puedan poner en riesgo la seguridad de la Nación y de su población.
Cabe señalar que el término ciberdefensa refiere al área de Capacidad militar que se desarrolla para actuar en la dimensión ciberespacial de los ambientes operacionales terrestre, naval y aéreo; a efectos de anticipar, prevenir y rechazar ciberataques provenientes de agresiones externas de Estados, contribuyendo a garantizar las operaciones del Instrumento Militar asociadas a su misión principal según Ley de Defensa Nacional y Decreto Reglamentario, poniendo énfasis en contar con capacidades de monitoreo y control del ciberespacio de interés para la Defensa Nacional.
La República Argentina, atendiendo los fenómenos de la recolección y procesamiento masivo de datos personales de las personas que llevan adelante las plataformas digitales, ha de adoptar medidas idóneas que promuevan la protección de los derechos de sus ciudadanos en este sentido en el ciberespacio.
Ante esta realidad que, con luces y sombras, muestra los beneficios actuales y futuros que el ciberespacio brinda a la sociedad y, también, las amenazas y riesgos para las personas y organizaciones de nuestro país, la presente Estrategia Nacional de Ciberseguridad promueve una serie de objetivos centrales, sustentados por principios rectores, que conducirán al desarrollo de planes, políticas y acciones concretas para beneficio de la Nación.
A continuación, se enumeran una serie de principios rectores de esta Estrategia Nacional de Ciberseguridad y ocho objetivos que marcan el rumbo a seguir.
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